Descongestionar la Justicia

Descongestionar la Justicia

Desalienten los pleitos. Persuadan a sus vecinos para llegar a un acuerdo, siempre que sea posible. Háganles ver que aun el ganador de un pleito es frecuentemente un perdedor – en costos del litigio y pérdida de tiempo. Como conciliador, el abogado tiene una gran oportunidad de ser una buena persona. Aun así siempre habrá oportunidades profesionales suficientes.

Abraham Lincoln. Notable abogado y Presidente de los Estados Unidos. 1861-1865

Resumen ejecutivo

Una de las vías eficaces para agilizar los pesados engranajes de la Justicia es descongestionarla, procurando que la mayor parte de los casos no requieran su intervención y se resuelvan pacíficamente entre las partes.

El objetivo es tener menos pleitos para que los magistrados puedan avocarse a las causas más complejas que requieren inexcusablemente un pronunciamiento judicial.

Son muchas las modificaciones legales que pueden hacerse en esta dirección, además de utilizar en mayor medida las ya vigentes. Veamos algunos casos:

1.- El avenimiento en los juicios de expropiación implantado por la ley nacional 21.499.

2.- Ajuste automático de las jubilaciones y pensiones, mediante la creación de la UCE que garantiza poder adquisitivo constante.

3.- Ajuste de los balances por inflación, para hacer innecesarios los juicios por inconstitucionalidad de los impuestos devenidos confiscatorios, por el impacto de la inflación.

4.- Ajuste automático de las escalas del impuesto a los Ingresos.

5.- Inscripción del dominio de inmuebles mediante trámite exclusivamente notarial en los casos de herederos forzosos.

6.- Expresión de los salarios en UCEs, que evita el permanente conflicto para recuperar el poder adquisitivo del salario.

Son algunas de las medidas que contribuirán a una mejor administración de justicia, evitando muchos pleitos, mediante cambios legislativos.

Varios de los casos apuntados se resuelven a partir de la creación de la UCE que como ancla de estabilidad, evita los conflictos provocados por la fluctuación de la moneda.

 

Menos pleitos es más justicia

Una de las formas de contribuir a la eficiencia de la justicia es reducir el número de litigios al hacer innecesaria la intervención del juez

Una economía pujante y sana requiere que el sistema de administración de Justicia sea eficiente y previsible. Ello influye directamente en la seguridad jurídica y en la reducción de los costos de transacción.

Generalmente se atribuye a los jueces la responsabilidad por el ineficiente funcionamiento de la Justicia. La principal crítica apunta a la lentitud de los procedimientos. Un amparo, que es un juicio sumario, puede tardar años. Justicia lenta no es verdadera justicia.

Sin embargo, la celeridad no es ni ha sido nunca una cualidad del sistema judicial. William Shakespeare en su célebre monólogo de Hamlet, incluye la demora de los tribunales de justicia –law´sdelay– entre las peores calamidades que soporta la humanidad junto con la tiranía, la afrenta del soberano, la arrogancia del poderoso, que terminan justificando el suicidio.

Cuando se ingresa en los engranajes de la Justicia, ya se sabe que hay que estar dotado de paciencia de ermitaño como expresaba una inscripción del año 1615, cincelada en el frontispicio de los tribunales de Venecia:

Para emprender pleito es necesario:

caja de banquero,

pierna de ciervo,

paciencia de ermitaño,

tener razón, saberla exponer,

encontrar quien la entienda,

y quien la quiera dar

y deudor que pueda pagar.

Destaco: paciencia de ermitaño. Esto que ya ocurría hace cinco siglos nos da una pauta clara de que la dilación de los procesos parece ser un defecto intrínseco de la gestión judicial.

Es por eso que antes de tratar de agilizar los pesados engranajes de la Justicia, hay que descongestionarla procurando que la mayor parte de las cuestiones de menor complejidad, no requieran su intervención y se resuelvan entre las partes.

Las demoras propias del accionar judicial se agravan al extremo cuando leyes injustas saturan los Tribunales con pleitos evitables. Tal es el caso de décadas en que se denegó el reajuste automático y periódico de la jubilación, que derivó en una catarata de juicios que colapsó la Justicia Previsional. Otros casos de leyes injustas son la prohibición de indexar y la negativa a permitir el ajuste de balances por inflación. Además de los perjuicios que ocasionan a los interesados, infligen un daño mucho mayor: el desprestigio de la máxima institución de la República, que es la ley, cuya misión es regular las relaciones entre particulares o entre éstos y el Estado para evitar conflictos, no para generarlos. La ley injusta es la máxima expresión de la corrupción porque, como decía Montesquieu:

Hay dos géneros de corrupción: el uno, cuando un pueblo no observa las leyes; el otro, cuando las leyes mismas lo corrompen. Mal incurable, este último, porque está en el remedio.

Es mucho lo que puede aportar el Gobierno cambiando procedimientos; innovando en los modelos de gestión. Veamos un ejemplo aplicado en la práctica.

En 1976 cuando inicié mi gestión como Secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los objetivos era mejorar la seguridad y fluidez del tránsito con la construcción de autopistas. Ello requería forzosamente realizar expropiaciones. Regía entonces la ley 13.264 del 17 de setiembre de 1948 que creaba un mecanismo injusto que llevaba inexorablemente al pleito. Se autorizaba al Estado a tomar posesión del inmueble, depositando judicialmente la valuación fiscal que podía ser incrementada en un 30 por ciento. Como las valuaciones fiscales suelen ser muy inferiores al valor de mercado, no había posibilidad de que el propietario aceptara esta indemnización insuficiente. Se generaban miles de juicios que terminaban resultando gravosos para el Estado ya que además de pagar el valor real tenía que soportar costas, reajustes de valor y honorarios de abogados y peritos. El peor perjudicado era el propietario, que sufría un desalojo sin percibir una indemnización que le permitiera reponer de inmediato un inmueble equivalente. Lo privaba de su techo y tenía que aguardar el resultado de un largo pleito para recuperar su dinero. Este sistema violaba en forma flagrante el artículo 17 de la Constitución que exige que la expropiación debe ser previamente indemnizada. Si no se paga previamente el valor total de mercado del inmueble, se viola la Constitución.

Por tal razón sostuve que el programa era inviable si no se dictaba una ley equitativa y práctica que estableciera el principio de avenimiento y pago previo sin intervención de la justicia. A tal efecto, el Tribunal de Tasaciones de la Nación debía hacer una tasación del valor real y actual del inmueble y se ofrecía pagar este importe al contado antes de la desposesión. Además se estableció una compensación fija adicional del 10 por ciento del valor del inmueble, en concepto de indemnización, por las molestias provocadas por la venta forzosa. Hasta donde he podido averiguar, la ley argentina es la única en el mundo que paga este plus sobre el valor del inmueble. Ello facilita extraordinariamente arribar a un acuerdo previo de carácter extrajudicial.

Como consecuencia de la reforma, las expropiaciones se hicieron sin dificultad y con el asentimiento de los propietarios, arribando a acuerdos definitivos en el 100 por ciento de los casos.

La reflexión que formulo es la siguiente: frente a las demoras que registraban los juicios de expropiación, la tendencia habitual hubiera sido tratar de agilizar los trámites agregando más juzgados o acortando plazos procesales. Todo esto hubiera sido de resultado incierto y no hubiera resuelto el problema de fondo.

El objetivo no fue hacer más eficiente la justicia, sino hacer que su intervención fuera innecesaria, facilitando un avenimiento previo de común acuerdo con un cambio en la legislación de fondo: pagar el valor real y actual de mercado, suplementado con un 10% para compensar las molestias ocasionadas. Esto fue lo que ocurrió. La gente tiene sentido común y si la norma es razonable la acepta de buen grado.

Nos parece que éste es el camino. En lugar de crear nuevos juzgados o inclusive nuevos fueros completos, como fue el caso de la Justicia Previsional, la verdadera solución es pagar las jubilaciones conforme a la Constitución, con lo cual el pleito deviene innecesario. Antes de la década del 90 los juicios previsionales no eran masivos, lo que permitía tramitarlos en la justicia laboral. Cuando los juicios crecieron en forma desmesurada, se creó un fuero especial para tramitarlos. Más jueces, más secretarios, más edificios, más gasto público, más expedientes y más frustración para las víctimas del sistema. El volumen de causas alcanzó cifras colosales. 480.000 juicios que colapsaron los diez juzgados recién creados, a pesar de la promesa de una administración de justicia ágil y eficiente.

La política del Estado no fue resolver el problema de raíz, sino crear nuevos meandros cenagosos para que los jubilados se empantanaran en juicios “sumarios de amparo” que tardan más de diez años.

Reformas propuestas

Algunas reformas aplicables a las normas para descongestionar la Justicia

Veamos otros casos que admiten soluciones de raíz para evitar conflictos judiciales innecesarios:

Desalojo administrativo

Cuando el desalojo se pide por falta de pago del alquiler otros países admiten el desalojo por vía administrativa. Es lo que ocurre en Gran Bretaña. El propietario del inmueble se apersona en la comisaría del lugar, exhibe el título de propiedad y solicita el desalojo. El comisario cita al inquilino y si éste no tiene el recibo que acredite el pago del alquiler procede al desalojo.

Se parte de la premisa de que el propietario tiene, como titular del dominio, un derecho real sobre el inmueble. Hay un vínculo directo con el inmueble, mientras que el inquilino tiene un mero derecho a utilizar el inmueble como simple tenedor. No es poseedor y carece de vínculo real con el inmueble. Su derecho es personal y puramente creditorio frente al propietario para que le garantice el uso y goce pacífico de la propiedad. Ese derecho creditorio nace del contrato de locación y tiene como presupuesto necesario el pago puntual del alquiler. Cuando el inquilino deja de pagar, su derecho fenece y el propietario que siempre conservó la posesión del inmueble, tiene derecho a recuperarlo en forma inmediata con sólo reclamarla.

El sistema de desalojo actual por vía judicial es lento y costoso para el propietario. Esta situación se vuelve en contra de los propios inquilinos a quienes se pretende proteger porque el propietario se vuelve extremadamente exigente con todo tipo de recaudos y garantías que dificultan y encarecen la locación. Si el desalojo fuera expeditivo, el propietario sería menos riguroso en sus recaudos de garantía en beneficio de un funcionamiento más fluido del mercado. La situación actual termina favoreciendo a quienes no cumplen, en detrimento de los inquilinos cumplidores que deben soportar mil y una exigencias, además de un encarecimiento de los alquileres para cubrir los riesgos inherentes a la eventual demora del lanzamiento.

La adopción efectiva de este método de desalojo exige tener una institución policial profesional, confiable y honesta con la que ahora no cuenta nuestro país. Sería entonces altamente riesgoso aplicarlo en forma inmediata, sin realizar previamente una profunda depuración de la institución. La decidida acción que en este sentido está llevando a cabo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, marca el camino correcto y permite alentar la esperanza de que se pueda lograr un cambio positivo que devuelva a las Policías de todo el país la confianza plena de la comunidad.

Casos de usurpación de inmuebles

Nos encontramos con el caso con un propietario que tiene el dominio y la posesión del inmueble del cual ha sido despojado por un hecho delictivo. No tiene sentido obligar a este propietario a realizar un largo trámite judicial, mientras el usurpador se dedica a saquear y canibalizar el inmueble. En estos casos, como en el anterior, hay que recurrir al desalojo administrativo a cargo de la institución policial con intervención del Fiscal en turno. El propietario exhibe el título y se limita a pedir que cese la ocupación dolosa y se proceda al lanzamiento del usurpador.

Desde luego, también este caso requiere la profunda depuración de las Instituciones Policiales.

Ejecución de hipotecas

Existen en otros países distintos procedimientos de ejecución de hipotecas que garantizan al acreedor un trámite rápido y expeditivo. En nuestra opinión el método que mejor se adapta a nuestra tradición jurídica es el sistema alemán, que parte de la premisa básica de que el acreedor hipotecario tiene un derecho real sobre la cosa, además del derecho creditorio contra su deudor. Si el crédito no se paga, el acreedor hipotecario solicita el remate del bien, basado en esederecho real de hipoteca que le confiere un vínculo directo con el inmueble. Ante su presentación, el juez como primera providencia fija la fecha del remate, sin citar previamente al deudor. Luego se notifica la fecha del remate al deudor, quien tiene derecho a oponer una única defensa: pago documentado. Cualquier otra defensa es rechazada in limine. Con este mecanismo la ejecución demora menos de 90 días. En la década del 70, la provincia de Entre Ríos tenía este mismo sistema incorporado a su código procesal. Como abogado me tocó ejecutar una hipoteca sobre un campo de gran valor. El juicio tardó 60 días.

Como el deudor conoce el riesgo que asume, trata de cumplir escrupulosamente y, cuando no puede pagar, negocia con el acreedor una prórroga o un pago parcial, con lo cual los casos que llegan a la justicia son excepcionales. Se logra el objetivo de evitar juicios prolongados que resultan onerosos a la administración de justicia y lesivos para el derecho de los propietarios.

Lo que se logra con este sistema es brindar un procedimiento expeditivo y barato que, al otorgar seguridad jurídica al acreedor, reduce la tasa de interés y los spreads bancarios. Se procura beneficiar al deudor cumplidor que es la inmensa mayoría. En cambio, cuando el sistema es lento y farragoso como ocurre en nuestro país, se encarece el crédito para todos, perjudicando a los deudores cumplidores que pagan tasas de interés más altas por las demoras de la Justicia.

Si queremos otorgar crédito hipotecario para 3 millones de viviendas con fondos que provienen del ahorro del pueblo, la responsabilidad del legislador no se agota cuidando exclusivamente al beneficiario del crédito. También es necesario proteger al ahorrista para que obtenga el reembolso de su crédito. Lo que está en juego es demasiado importante y debe ser tratado con toda seriedad. Hay 3 millones de familias que podrán acceder a la vivienda digna, siempre y cuando haya millones de ahorristas que coloquen sus ahorros en hipotecas sobre esas mismas viviendas. Y no lo harán si desconfían de la moneda (por la inflación) o desconfían del reembolso, por los deudores incumplidores. Lo primero está contemplado con la UCE y lo segundo con un sistema expeditivo de ejecución hipotecaria. Ambos son indispensables.

Alberdi al tratar esta cuestión en el Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina dice:

El reembolso, pues, para dar confianza al prestamista, ha de ser no solamente íntegro, sino pronto, fácil y barato. El arreglo de estas garantías protectoras del capital forma el sistema judicial o de enjuiciamiento, que es el complemento de un buen sistema de seguridad en legislación hipotecaria. T.IV, pág. 276.

Sucesiones entre ascendientes, descendientes ycónyuge (art. 3410 del Código Civil reemplazado por el art. 2337 del Código Civil vigente)

Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. El heredero que ha entrado en posesión de la herencia, continúa la persona del difunto y es propietario, acreedor o deudor, de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor (art. 3417 del Código Civil)

El nuevo Código Civil coincide en lo esencial con el Código de Vélez Sarsfield, aunque incorpora un párrafo final que ratifica la necesidad de la intervención judicial:

CAPITULO 2 Investidura de la calidad de heredero- ARTICULO 2337.- Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos.

En estos casos, no es necesario juicio alguno para que el heredero adquiera el dominio de los bienes desde el momento mismo del fallecimiento del causante. Por esta razón la declaratoria de herederos tiene un carácter meramente declarativo “en cuanto ha lugar por derecho”. La sentencia del juez no se pronuncia sobre la validez de las partidas ni sobre la existencia de otros herederos que pudieran haber sido preteridos y que siempre pueden reclamar por sus derechos, aún después de dictada la declaratoria.

En realidad, lo que hace el juez es declarar una tautología o verdad ya sabida: que cuando muere el padre lo suceden los hijos; y que el cónyuge supérstite tiene derecho al 50 % de los gananciales. Todo el trámite realizado tiene un carácter provisional y puede ser revisado si apareciere, por ejemplo, un hijo extramatrimonial. Lo único que se busca es inscribir el dominio en el registro de la propiedad. Si no hay discusión ni cuestionamientos entre los herederos carece de sentido recargar la administración de justicia con cuestiones que son meros trámites administrativos y que no revisten la naturaleza de resolución de litigios. Esto mismo puede hacerse ante un escribano quien recibe las partidas, publica edictos y luego inscribe el dominio “en cuanto ha lugar por derecho”. Este mecanismo reduciría sustancialmente los costos de transacción y el tiempo de tramitación podría acortarse de un año a 60 días.

Chile ha implementado otro sistema ágil y barato de inscripción del dominio entre herederos forzosos cuando no hay testamento. El régimen fue creado por ley 19.903 sobre Procedimiento para otorgar la posesión efectiva de la herencia, publicada el 10 de octubre de 2003, a iniciativa del gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar. Conforme a este régimen, el Estado encomienda al Servicio de Registro Civil, la responsabilidad de tramitar las posesiones efectivas de herencias originadas en sucesiones sin testamento.

Con ello, es posible cubrir los siguientes objetivos: diseñar un trámite mucho más simple, dar mayores grados de certeza sobre quiénes son los herederos, utilizando para ello la información contenida en la base de datos del Registro Civil,  hacer más accesible a la ciudadanía los servicios del Estado, gracias a su extensa cobertura territorial, Se logra así   contribuir al proceso de modernización de la gestión pública,  facilitar la regularización de propiedades raíces, disminuir la carga de trabajo de los Tribunales, pues por lo general en la tramitación de este tipo de Posesiones Efectivas no hay controversias entre los interesados”. Mayor información puede obtenerse en: https://www.registrocivil.cl/f_posesion.html

Si racionalizamos esta cuestión veremos que es absurdo que un simple trámite administrativo como la inscripción en el registro de la propiedad, implique un costo elevado en los casos de herederos forzosos, que en realidad son propietarios de pleno derecho desde el momento mismo de la muerte del causante.

Reducción de la litigiosidad laboral

En tiempos de alta inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es fuente de permanente litigiosidad laboral. Habitualmente el reclamo del asalariado es “conservar el poder adquisitivo del salario”, argumento imposible de rebatir. Si el salario se fija en UCEs, se eliminará de raíz este conflicto gratuito, originado por la fluctuación del poder adquisitivo de la moneda corriente. Mes a mes el salario se ajustará en la exacta incidencia, para conservar incólume el poder adquisitivo. Esto reduce el conflicto y los daños que originan huelgas, trabajo a reglamento y últimamente cortes de rutas, acampes u otras formas directas de reclamo. Los dirigentes gremiales podrían dedicar su tiempo a mejorar la prestación de las obras sociales, dejando de lado esta permanente gimnasia de “toma y daca”, que desgasta y resiente la armoniosa relación entre el capital y el trabajo, para potenciar la productividad.

Podemos citar cuatro casos históricos de indexación de salarios, que dieron buenos resultados, evitando conflictividad laboral y promoviendo la paz social.

Primero: A partir de 1840 las dos industrias principales de Inglaterra (el carbón y el hierro) adoptaron la modalidad de ajustar los salarios según la fluctuación del valor del bien producido. Si el precio del carbón aumentaba se subían los salarios en la misma proporción. Y cuando bajaba, los salarios seguían la misma suerte. El economista inglés Arthur Cecil Pigou, analizó la cuestión en el libro Principios y Métodos de la Paz Industrial señalando los resultados positivos obtenidos. Alfred Marshall estuvo de acuerdo, sugiriendo el uso de un índice más representativo que reflejara en forma integral el poder adquisitivo de la moneda. El sistema se aplicó durante 90 años hasta 1930.

Segundo: Este mecanismo también fue aplicado en Estados Unidos en las industrias del carbón y del acero, y posteriormente se extendió a las industrias metalíferas, del vidrio e hilanderías.

Tercero: En agosto de 1971 el Gobierno de los Estados Unidos incurrió en el mayor default de la historia cuando se negó a honrar los tratados de Bretton Woods que le obligaban a redimir en oro a la paridad fija de 35 dólares la onza, los dólares acumulados por los Bancos Centrales de los países miembros. Este default fue ocho veces más grande que el de Argentina en 2001 y provocó la mayor inflación del siglo en los Estados Unidos: entre setiembre de 1971 y setiembre de 1981 fue del 128,43%. En una década hubo 5 años con inflación de dos dígitos.

En esas circunstancias, Milton Friedman fue un decidido impulsor de las cláusulas de indexación automática de los salarios en las convenciones colectivas de trabajo. La propuesta de Friedman fue gradualmente adoptada por las industrias. Los resultados han sido ponderables: en los últimos treinta años no se han registrado huelgas importantes ni conflictos laborales que hayan paralizado la producción.

Cuarto: A partir de 1981 el Presidente Reagan extendió la corrección monetaria a los sueldos de los empleados del Gobierno Federal, a los jubilados, a los pensionados de guerra, y en general a todas las prestaciones que recibían los más pobres. También se indexaron las escalas del incometax, para evitar las distorsiones que provoca la inflación en los impuestos.

Siguiendo el mismo criterio en marzo de 2017, frente al grave conflicto salarial con el sector docente, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal propuso a los sindicatos la indexación de los salarios que, seguramente, de ser aceptada evitará en el futuro estos enojosos conflictos.

En nuestro país, la industria del automóvil ha adoptado la indexación de los salarios con excelentes resultados para evitar el conflicto gremial.

La paz laboral

Ejercicio abusivo del derecho de huelga

Decíamos en la parte primera que ninguna de las garantías constitucionales se cumple en forma acabada y que la única que se respeta siempre es el derecho de huelga.

En realidad, el derecho de huelga es ejercitado en forma abusiva.

Por ejemplo cuando se pretende imponer una política económica distinta a la del Gobierno, olvidando que los sindicatos deben limitarse a cuestiones laborales y no fueron electos para gobernar el país. Si desean hacerlo deben seguir el procedimiento que fija la Constitución: presentarse a elecciones y ganarlas. Los sindicatos, como todos los ciudadanos, tienen el derecho de peticionar a las autoridades. Pero no pueden imponer su criterio por la fuerza de la acción directa en todas las cuestiones de Gobierno.

Otra cuestión básica es la siguiente: ¿quién es el titular del derecho de huelga? ¿El dirigente gremial o el trabajador? Obviamente es el trabajador que debe ser consultado previamente para adoptar una medida tan extrema.

Muchos países exigen que la declaración de la huelga sea decidida por los afiliados al sindicato mediante una elección secreta. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que son requisitos aceptables (OIT, 1996):

  • La celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga. (párrafos 503 y 510).

  • La obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de una mayoría (párrafos 506-513).

Otro aspecto esencial es la protección de la libertad de trabajo de los que no adhieren al paro. La garantía de la libertad de trabajo de los no huelguistas. (párrafo 586).

Ese derecho se ve conculcado en nuestro país por la imposibilidad de trasladarse al lugar de empleo por carencia de transporte.

Para resolver la cuestión, el transporte público debería ser incluido entre los “servicios esenciales” que exigen el mantenimiento de un servicio mínimo en determinados casos (O.I.T. párrafos 556-558)

En sentido coincidente la ley 25.877 en su capítulo III, artículo 24 establece:

Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.

Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.

Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:

a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.

Este es indudablemente el caso del transporte. En un área metropolitana con distancias tan largas, el transporte público es un servicio público de importancia trascendental para acceder al lugar de trabajo. Si el transporte se pliega al paro está afectando a los restantes trabajadores que pierden, en los hechos, su sagrada libertad de elección. La adhesión al paro deja de ser decidida por los trabajadores de cada gremio, porque existe un sector minoritario de gremios (quienes detentan el monopolio del transporte público) que decide por todos los demás.

El mismo artículo 24 prevé el procedimiento que debe seguir el Poder Ejecutivo para aplicar la calificación de “servicio esencial” al transporte público.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de NOVENTA (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo.”

Con estas dos medidas reglamentarias se corregiría el abuso del derecho de huelga, que tanto daño causa a la economía y a la propia sociedad:

  • Celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga:

  • Garantizar el servicio esencial del transporte público para quienes no adhieren al paro.

Sin desconocer la importancia que tiene las normas explicadas para reglamentar el ejercicio del derecho de huelga para canalizarlo dentro del marco legal vigente, creemos que el mayor aporte a la paz laboral está dado por la expresión de los salarios en UCEs porque esto elimina la principal causa del conflicto que hoy padece la sociedad como consecuencia directa de la inflación. Al expresarse los salarios en UCEs la retribución laboral quedará blindada contra la inflación y desaparecerá el reclamo por mantener el poder adquisitivo del salario que está garantizada por la propia naturaleza de la UCE.