Política Fiscal

Política Fiscal al servicio del pleno empleo productivo

No hay que blanquear la evasión, sino la economía.

Resumen ejecutivo

La Política impositiva vigente en nuestro país, lejos de ser un puntal para el desarrollo, es uno de sus principales escollos, ya que obstaculiza el crecimiento y el pleno empleo. Veamos los siguientes ejemplos:

  • El impuesto al cheque, destruye motores básicos del crecimiento de toda economía moderna: la bancarización, el multiplicador bancario y la oferta de crédito abundante y a baja tasa nominal.

  • Las retenciones a la exportación, en especial de los productos agrícolas, son impuestos distorsivos que castigan a los productores más eficientes. Decía DengXiaoping artífice de la transformación de China: “se azota más fuerte al buey que más se esfuerza en traccionar la carreta”.

  • El impuesto a los ingresos (ex ganancias), tal como se aplica hoy en nuestro país, también es distorsivo ya que grava utilidades aparentes generadas por la inflación. Por ello, es urgente reimplantar el ajuste por inflación así como desgravar parcialmente la reinversión de la renta.

  • La inflación agrava la presión tributaria sobre el salario. La fijación de las escalas salariales en una moneda estable como la UCE corregirá automáticamente este problema, promoviendo la paz social.

  • Las jubilaciones y pensiones deben ser nominadas también en UCEs, con lo cual el ajuste por inflación es automático y no requiere pronunciamiento expreso del Gobierno.

La solución de corto plazo de la evasión fiscal y previsional es la bancarización inducida, que obligará a que todas las operaciones relevantes se hagan a través del sistema bancario bajo pena de nulidad del pago. Todos los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones se acreditarán en cuenta. Se estimulará el uso del dinero bancarizado mediante un reintegro del 5% del IVA.

La solución de largo plazo es el desarrollo integral del país. Uno de los pilares fundamentales es la ampliación de la frontera agrícola y minera por la mayor accesibilidad al territorio, en base a las nuevas vías de transporte terrestre y aéreo. Esto requiere, entre otras cosas, una política impositiva que facilite y atraiga las inversiones necesarias para alcanzar estas metas.

La viruela de la economía

Evasión fiscal crónica

La evasión fiscal es la viruela de la economía. Vulnera el principio básico de los tributos justos: que sean iguales para todos. Crea una injusticia a través de la desigualdad. Los más avisados eluden la carga fiscal y la trasladan a los ciudadanos que cumplen con la ley. Periódicamente, los Gobiernos en su afán de recaudar otorgan generosos blanqueos que premian a los delincuentes y castigan a los inocentes. Pocos países en el mundo han otorgado blanqueos más generosos y reiterados que nuestro país. Se exhibe como un logro que el último blanqueo fue el más grande de la historia en relación al PBI. Sería lo mismo que estar orgulloso de haber protagonizado el default más grande de la historia en 2001. O de tener la mayor tasa de siniestralidad de tránsito.

Son todas cuestiones negativas que revelan la impotencia e incapacidad de nuestros gobiernos para atacar las causas de los problemas. Quien debe sentirse orgulloso es el país que nunca otorgó un blanqueo como Estados Unidos desde la creación del incometax en 1913 porque eso implica que todos cumplen con la ley y no que la violan en forma habitual y sistemática como ocurre en Argentina.

La viveza criolla ha hecho estragos, pero quizás lo más grave es que las propias autoridades se ufanen en exhibir los records argentinos en la violación de la ley. En Estados Unidos cuando se habla de blanqueo o moneylaundry se refieren exclusivamente al delito que cometen los que evaden, nunca a un blanqueo realizado por el Estado. No se supone que el Gobierno cometa o ampare la comisión de delitos ya que su rol es hacer cumplir la ley y este es un deber irrenunciable. La razón por la cual el Gobierno nunca otorgó un blanqueo es que tiene estudiado que el debilitamiento de la disciplina fiscal que provoca el blanqueo, implica una pérdida de recaudación futura muy superior al rendimiento inmediato que se obtiene con el atajo del blanqueo. Priorizar la inmediatez del blanqueo, implica sacrificar el futuro del sistema fiscal.

Nosotros en cambio, podemos agregar otro record además del blanqueo más grande de la historia de la economía. Tuvimos en 50 años 19 blanqueos lo que arroja una media de uno cada 3 años. Los evasores pueden dormir tranquilos porque no corren riesgos. Es cuestión de esperar un poquito para que venga la tabla de salvación mediante una ley del Congreso que legalice el robo de los fondos públicos. El efecto de esta política es una evasión crónica e incorregible a pesar de que cada uno de los 19 gobiernos que legalizaron la evasión, prometieron que era la “última vez”. El propósito de enmienda no fue sincero ni operativo. Las malas prácticas generan hábito que se convierte en adicción y el país sigue su pendiente inclinada.

Decimos que la evasión fiscal es la viruela de la economía. En el año 1458, la viruela o peste negra mató el 30% de la población europea. En 1797, Edward Jenner inventó la vacuna contra el mal. Se hacían esfuerzos para terminar con el flagelo mediante la vacunación obligatoria, pero en 1968 la peste seguía afectando a las zonas más pobres de Asia y África. La Organización Mundial de la Salud organizó una campaña mundial que duró 12 años y culminó con un logro extraordinario: en 1980 se declaró erradicada la viruela de la faz de la Tierra. Por primera vez se logró extirpar totalmente una enfermedad mortal. Lo interesante, es que para ello los médicos y voluntarios de la OMS debieron recorrer hasta el último confín de los cinco continentes, incluso escalando el Himalaya, para encontrar a los probables efectores y vacunarlos. No alcanzaba con cazar adentro del zoológico y limitarse a exigir la vacuna a los habitantes de los países desarrollados. Se nos ocurre un paralelo con la evasión fiscal: no alcanza con que la AFIP cace eficientemente adentro del Zoológico cobrando impuestos abusivos a los que ya pagan. Es necesario salir a la descampada, recorrer el territorio, tomar el control de la calle, para lograr que el ticket oficial de pago se entregue en todo el país, que cada comercio cuente con el postnet, que cada habitante mayor de 18 años tenga su caja de ahorro y tarjeta de débito, que las operaciones relevantes se hagan bancarizadas bajo pena de nulidad del pago si se paga en efectivo. Sólo así vamos a poder erradicar la viruela de la evasión.

Recordemos esta cuestión básica: No hay que blanquear la evasión, sino blanquear la economía. El blanqueo es útil para los evasores que legalizan su violación de la ley con unos manguitos. Pero no cambia en nada la situación de la economía que, al día siguiente sigue tan opaca como antes. Por el contrario, la habitualidad del blanqueo ratifica la viveza de los que evaden. Es por eso que el Gobierno Federal de los Estados Unidos jamás otorgó un blanqueo desde 1913 en que se creó el incometax. No faltaron situaciones de emergencia. Hubo en el medio, dos guerras mundiales, la guerra de Corea, Vietnam y la Gran Depresión.

El secreto bancario de las operaciones pasivas

Se suele esgrimir como excusa para justificar la evasión fiscal las dificultades que tendría la AFIP para acceder al conocimiento de las operaciones bancarias en virtud del “secreto bancario”.

Alrededor de esta cuestión se ha generado un verdadero mito que interpreta que el secreto bancario es una barrera insuperable para que la AFIP tenga amplio acceso a todo tipo de operaciones bancarias. Nada más alejado de la realidad que impone la ley 21.526 del 14 de febrero de 1977. Boletín Oficial 21 de febrero de 1977.

En primer lugar el secreto bancario sólo ampara a las operaciones pasivas que realizan las entidades financieras y no se aplicar a las operaciones activas.

Establece el artículo 39 de la ley 21.526

 Las entidades comprendidas en esta Ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.

Pero a continuación la ley en el inciso c) establece que el secreto bancario no es aplicable cuando el pedido de informes emana de los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales, sobre la base de las siguientes condiciones:

– Debe referirse a un responsable determinado;

– Debe encontrarse en curso una verificación impositiva con respecto a ese responsable, y

– Debe haber sido requerido formal y previamente.

Y a renglón seguido la ley amplia aun más facultades de la DGI (hoy AFIP) aclarando que para esta entidad no serán de aplicación las dos primeras condiciones de este inciso y la única exigencia legal es “haberlo requerido formal y previamente”

O sea que la AFIP puede acceder a toda la información bancaria tanto de operaciones activas como pasivas con solo pedirlo por escrito.

Teniendo tal amplitud de facultades no se entiende porque tenemos una evasión impositiva tan abultada.

Por otra parte, resulta sorprendente el fracaso de la ley 21.526 que fundamenta el secreto bancario en la necesidad de crear un marco adecuado para el desenvolvimiento de un sistema financiero apto, solvente y competitivo.

Cuarenta años después de dictada esta norma podemos evaluar los resultados obtenidos. Han sido catastróficos. Tenemos la economía menos bancarizada de América, detrás de Haití, Bolivia o Paraguay. Los activos financieros de todo el sistema bancario argentino son equivalentes a la mitad del sexto banco de Brasil. Y si se trata de evaluar la competitividad tenemos un spread bancario del 40% que es 15,87 veces mayor que Chile.

El segundo argumento disparatado para defender las virtudes del secreto bancario es que la ley tiene una raíz utilitaria de interés general, consistente en la conveniencia de ofrecer un privilegio a los ahorristas, para procurar atraer depósitos hacia el sistema bancario formal, evitando el flujo del ahorro hacia el exterior y hacia circuitos informales (exposición de motivos de la ley 18.061 y hecho suyo por la Corte Suprema en la causa Banco de Londres y América Latina)

Atrajimos tanto ahorro al sistema bancario formal que somos el país del mundo con mayor fuga de capitales como porcentaje del PBI: 400.000 millones de dólares que representan casi dos tercios del PBI.

Parece que para los economistas que redactaron estas leyes lo único importante era mantener a toda costa el secretismo, y el ocultamiento de operaciones que, de ser legítimas ¿Por qué habrían de necesitar permanecer ocultas? El único que necesita ocultarse es quien está haciendo algo ilegal como evadir impuestos, lavado de dinero o narcotráfico.

Argentina fue el país más bancarizado de América Latina en la década del 20 en la cual no existía ninguna norma legal imponiendo el secreto bancario. La discreción bancaria era simplemente una buena práctica de los banqueros, pero no constituía una obligación legalmente regulado. Ahora con esta protección privilegiada del secreto somos el último orejón del tarro en esta cuestión específica y decisiva para el sistema financiero y para la sociedad en su conjunto.

Los legisladores se olvidaron que había otras cuestiones más importantes que el apego al sigilo culposo, como disponer de una moneda estable. Setenta años de inflación han destruido el sistema bancario y reducido el pujante mercado de capitales a una insignificancia.

Impuestos distorsivos, confiscatorios, contraproducentes, inequitativos y que generan altos costos de transacción

La política impositiva argentina es uno de los principales escollos para el crecimiento y la generación de empleos. El desempleo genera una demanda social de subsidios que reclama creciente gasto público. Se ingresa así en un círculo vicioso: más gasto público improductivo exige más impuestos, que se traducen en más desaliento a la inversión y correlativamente en menos empleo productivo.

Por otra parte, impuestos abusivos generan evasión crónica que obliga a incrementar aún más las alícuotas de los que están en blanco. Periódicamente se realizan blanqueos que benefician a los evasores y frustran a los cumplidores. Hay que cambiar totalmente la política: en lugar de blanquear y premiar la evasión, hay que blanquear la economía. No es sustentable una economía en la que el 37,2% de la población trabaja en negro.

Impuesto a los créditos y débitos bancarios (ley 25.413)

Tenemos impuestos gravemente distorsivos como el impuesto al cheque (Ley 25.413), que destruyen motores básicos del crecimiento de la economía moderna: la bancarización, el multiplicador bancario de los depósitos y la oferta de crédito abundante y barato. Quienes están alineados con el interés general y mueven su dinero por medio del sistema bancario, son castigados con un impuesto que es el más alto del mundo. En cambio, los que trabajan con dinero efectivo, generalmente están en negro para eludir impuestos de la importancia del IVA e Ingresos, sin estar sujetos al pago de ningún impuesto por el retiro de efectivo de los bancos. Hay que hacer todo lo contrario: desgravar al bancarizado y gravar al que filtra dinero fuera del sistema bancario como se propone en el proyecto de ley de Bancarización Universal incluido en el capítulo 2 de la Parte quinta.

Modificaciones impositivas

Impuesto a los Ingresos (ex impuesto a las Ganancias)

El impuesto a los Ingresos grava ganancias aparentes que son consecuencia de la inflación. Al no permitirse el ajuste por inflación se generan situaciones claramente confiscatorias, que han dado lugar a reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema. El leading case Candy S.A.c/AFIP, fue seguido por otros fallos coincidentes como Caruso Compañía Argentina de Seguros c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza. C.867-XLV y Pettiti automotores S.A. c/ENA – AFIP s/acción declarativa de certeza.

En estas causas, la Corte ratificó la validez constitucional de la prohibición de indexar, pero, paradójicamente, al propio tiempo estableció que si la alícuota efectiva a ingresar insume una sustancial porción de las rentas obtenidas que excede cualquier límite razonable de imposición, se configura un supuesto de confiscatoriedad y, en tal supuesto, corresponde declarar procedente para el caso resuelto, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación que no es otra cosa que la indexación del balance. En el caso Candy, la alícuota llegaba al 55 por ciento de las utilidades ajustadas. Es decir, la prohibición a aplicar el ajuste por inflación tenía como consecuencia la confiscación de la renta.

Naturalmente, cada fallo se aplica exclusivamente al caso sometido a decisión. Cabe preguntarse cuántas situaciones iguales al caso Candy no llegan a los tribunales, perjudicando a los ciudadanos con impuestos confiscatorios. Por otra parte, aun los que logran sentencias favorables soportan altos costos de transacción y demoras que pueden llegar a diez años como ocurrió en el caso Candy, para recuperar lo que les corresponde. Se congestiona el servicio de justicia con juicios innecesarios. Se ve claramente que la solución no pasa por el remedio judicial que siempre reviste carácter excepcional, sino por un cambio legislativo que corrija el problema de raíz, aplicando el ajuste de los balances por inflación en forma universal y automática, sin necesidad de juicio alguno. Así está previsto en el párrafo segundo del artículo 10 del proyecto de ley de creación de la UCE que establece:

Artículo 13.- Los balances de las empresas serán ajustados por inflación a la paridad UCE.

En Estados Unidos, desde 1985, el Consumer´s Price Index ha sido utilizado para ajustar la estructura del Impuesto federal a los ingresos (incometax), para evitar incrementos ficticios de las utilidades causados por la inflación.

Otra distorsión de un Impuesto a los Ingresos con tasa elevada, es que desalienta la inversión de capital y reduce la porción disponible para la reinversión. La reinversión de la renta es una de las fuentes principales de crecimiento del capital productivo. Si se aplica un 35 por ciento como es la tasa argentina, lo máximo que puede reinvertirse es $ 65 por cada $ 100 de utilidad. Eso aún en la hipótesis de que el capitalista reinvierta la totalidad de la renta y no efectúe retiro alguno de dividendos.

En el siglo XIX, el crecimiento acelerado del capital en Estados Unidos fue enormemente facilitado, porque el incometax no existía y por lo tanto las empresas podían reinvertir íntegramente las utilidades. Recién fue creado en 1894 con una tasa del 2% de base y un 5% como tasa máxima.

Al año siguiente, fue declarado inconstitucional, porque no se ajustaba al censo de población de cada Estado y recién entró en vigencia en 1913 a partir de la reforma de la Constitución por la 16ª enmienda, que autorizó a cobrar impuesto a los ingresos que provengan de cualquier fuente, sin necesidad de ajustarse a un censo de población. En ese entonces la tasa máxima para los contribuyentes que percibían un ingreso superior a US$ 500.000.- anuales era del 7%. Bien distinto a la tasa de ganancias del 35 por ciento que hoy rige en nuestro país.

Argentina no tuvo impuesto a los réditos hasta 1932 y en el periodo anterior, entre 1860 y 1932, la tasa de crecimiento y acumulación de capital fue muy rápida. Las elevadas tasas actuales inspiradas en países que ya han alcanzado un alto grado de acumulación de capitales, resienten el desarrollo porque debilitan este proceso de acumulación.

La función social del capital es la reinversión de la renta para asegurar un crecimiento permanente de las oportunidades de empleo. Este proceso evolutivo que se da espontáneamente en la economía capitalista, se ve perturbado actualmente por la política fiscal que desalienta la reinversión.

Desde luego, es necesario compatibilizar las necesidades fiscales con el proceso de acumulación de capitales. Existe una solución simple que, en nuestra opinión, contempla ambos aspectos. Desdoblar el pago del Impuesto a los Ingresos en dos tramos. En el primer tramo, las empresas pagan únicamente el 17 por ciento sobre utilidades reales. A partir de ese momento aparecen dos alternativas según el destino que los accionistas dispongan con relación a las utilidades: si se vuelcan como reinversión en la misma empresa, el impuesto queda firme en el 17 por ciento y, de este modo la empresa podrá reinvertir el 83 por ciento de las utilidades. Si en cambio, el dividendo es pagado a los accionistas -con lo cual cabe presumir que se convertirá en consumo personal- cada uno de ellos incorpora el ingreso a su declaración y paga el impuesto correspondiente según su propia escala, deduciendo el tributo ya abonado por la sociedad anónima. Idéntico criterio se aplica para los dividendos girados al exterior.

Esta mecánica, además de estimular la reinversión, es más equitativa porque el pequeño ahorrista que tiene acciones en el mercado de capitales, paga una tasa muy inferior a los grandes capitalistas. En el sistema argentino actual el accionista, cualquiera sea su nivel de ingresos, paga la tasa máxima del 35 por ciento. Esto se torna regresivo, y por ende disuasivo, del proceso de ahorro y acumulación de capitales.

La propuesta que formulamos consiste en aplicar una tasa del 17% sobre los beneficios obtenidos por las empresas, que queda como tasa definitiva si la renta es reinvertida en la misma empresa. Los dividendos pagados a los accionistas se incorporan como renta gravada con la tasa que corresponda, según la escala en que se encuentre cada contribuyente en particular, tomando el 17% como pago a cuenta. Vale decir que quien está en una escala del 35% deberá agregar el restante 18 %.

Esta mecánica opera como una desgravación parcial y automática de todas las reinversiones que se realicen en las empresas, mientras los dividendos distribuidos quedan alcanzados con la tasa que el legislador ha fijado para cada categoría.

Esta política impositiva tiene tres efectos positivos:

  1. Elimina el efecto distorsivo de la inflación, que hoy genera tasas de impuestos del 55 por ciento anual, como declaró la Corte Suprema en el leading case Candy S.A.

  2. Reduce a la mitad el impuesto a los ingresos si las mismas se destinan a la reinversión.

  3. Vuelve equitativo el impuesto, al gravar de distinta manera a los pequeños ahorristas, promoviendo la formación de un mercado de capitales con base popular más amplia, como ocurre en los países desarrollados. Estados Unidos tiene 65 millones de propietarios de acciones en Wall Street. Existe un verdadero Capitalismo del Pueblo.

Impuestos al consumo

La reducción de la alícuota del IVA comienza desde el vamos, con el premio otorgado a los habitantes que realicen sus operaciones bancarizadas. Para obtener el reembolso del 5 por ciento del IVA el comprador deberá utilizar el plástico. Se trata de un aporte que a él nada le cuesta pero que tendrá enormes consecuencias en la lucha contra la evasión especialmente del propio IVA y del Impuesto a los Ingresos. El blanqueo de la economía compensará rápidamente el reintegro del 5% del IVA y el fisco terminará recaudando más que en la actualidad. Un sistema impositivo saludable exige impuestos bajos con evasión cero. Hoy tenemos un sistema enfermo: alícuotas excesivas con alta evasión que, como hemos explicado implican la igualdad tributaria. Pocos pagan mucho y muchos no pagan nada.

Retención a las exportaciones

Una de las medidas más acertadas y audaces del actual Gobierno fue la derogación de las retenciones a las exportaciones tanto de granos como de productos mineros. Constituye un paso decisivo para promover las exportaciones y potenciar la producción de la industria agrícola y minera.

Subsisten, sin embargo, las retenciones a la exportación de soja con un plan gradual de reducción tendiente a su supresión. Sería aconsejable que, en mientras tanto, se establezca que el importe de la retención sea aplicado como anticipo del Impuesto a los Ingresos, para hacer más tolerable el impuesto a las retenciones.

Alianza impositiva estratégica con la Sociedad

El “ana-ana” del sistema impositivo

La norma contenida en el artículo 10 de nuestro proyecto de ley de Bancarización Universal Inducida, que establece la reducción automática de los impuestos a cargo de la AFIP cuando se produce un crecimiento en términos reales de la recaudación, generará una tendencia suave pero sostenida de alivio en la insoportable presión tributaria que hoy padece la economía. Cada incremento real de los recursos fiscales será distribuido equitativamente entre el Fisco y los contribuyentes. Mitad para cada uno. Esto implica un aliciente para que el ciudadano responsable se ocupe de exigir factura o ticket de las operaciones, porque la mejora de la recaudación también lo beneficia a él. Hoy no existe ningún estímulo al pago en blanco. Desde luego, esto no excluye la necesidad del enforcement de los impuestos que es responsabilidad de la AFIP. Pero también es necesario que otras áreas de Gobierno, como el Poder Legislativo, sancionando leyes justas y eficaces que premien al contribuyente cumplidor y que la Corte Suprema revea su actitud renuente a dar validez legal a las exigencias contenidas en la ley antievasión 25.345 –que se encuentra vigente- que fuera declarada inconstitucional en el fallo Miguel Angel Mera del 19 de marzo de 2014. Como hemos visto, esta es una cuestión capital para luchar contra la evasión, propender hacia un sistema impositivo justo e igualitario que sea implacable con la evasión, además de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Los altos intereses de la sociedad exigen convalidar la legitimidad de la exigencia del pago bancarizado en las operaciones relevantes y la nulidad de los pagos hechos en violación de esta norma. La envergadura de la cuestión justifica una investigación profunda con participación de prestigiosos juristas y expertos tributarios que demuestren que la exigencia de bancarización es conveniente para la sociedad y no ocasiona daño alguno a los ciudadanos respetuosos de la ley. En definitiva lo que está en juego son las facultades del Congreso de la Nación para determinar las formas válidas de los actos jurídicos, en este caso el pago de operaciones relevantes, tal como lo desarrolla el jurisconsulto Dr. Guillermo Borda en su dictamen del 2 de diciembre de 1997 transcripto íntegramente en el capítulo 2 de la Parte Quinta.

Uso eficiente de los recursos tributarios

Recordemos lo que decíamos en la primera parte de este libro. El Gasto Público Total asciende al equivalente a 1.000 millones de dólares por día hábil. El Fisco se lleva el 40 por ciento del PBI. Pero esta enorme exacción tiene bajísima rentabilidad social. No se cumple ninguna de las garantías constitucionales básicas en los servicios que el Estado brinda al público. El peor problema es que tenemos un Estado carísimo con servicios harto deficientes que obliga a los habitantes a un doble gasto en áreas tan sensibles como educación, salud, seguridad o infraestructura vial. Pagamos impuestos para tener estos servicios y luego tenemos que volver a pagar para usarlos. Por ejemplo en la infraestructura vial. En lugar de autopistas seguras libres de peaje, tenemos rutas de la muerte en las cuales se paga peaje, además del impuesto a los combustibles, para que tan sólo se corten las malezas. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos con los países desarrollados. Con similar presión tributaria, Alemania brinda las autobhan mejores del mundo, totalmente libres de peaje. (el peaje está prohibido por la Constitución según la interpretación del Tribunal Constitucional de Alemania, BVG). En Estados Unidos el peaje es legal pero su uso es limitado. Apenas el 4 por ciento de las autopistas son de peaje. El 96 por ciento restante constituido por la Red Eisenhower, está definido como freeway que literalmente significa autopista gratuita o libre de peaje.

Un reciente informe del Foro Económico Mundial (WorldEconomicForum) indicó que en nuestro país la carga impositiva es superior a los beneficios que obtienen las empresas. En un ranking de competitividad ocupamos el puesto 104 sobre 138 países

Un uso adecuado de los recursos tributarios para brindar al público servicios eficientes, es tanto o más valioso que una rebaja de impuestos. Lo es inadmisible es soportar una presión tributaria muy superior a Estados Unidos y carecer de bienes públicos de calidad.

Reducción de los costos de transacción

Toda la política económica debería estar inspirada en una permanente reducción de nuestros elevados costos de transacción, que constituyen una pérdida de riqueza que a nadie beneficia. Veamos algunos ejemplos concretos.

El sistema actual lleva a que las empresas afectadas por la confiscatoriedad del Impuesto a los Ingresos, originada en la prohibición del ajuste de los balances por inflación, se vean obligadas a litigar, lo que implica un formidable costo de transacción totalmente evitable.

Otro aspecto es la increíble complejidad que tienen las liquidaciones de impuestos, cosa que exige la intervención de profesionales especializados con la consiguiente elevación de los costos de transacción. En la década del 80 se demostró que el costo de declarar el impuesto a las ganancias en el blanqueo, era mayor a la recaudación que generaba. El contribuyente gastó más del doble de lo que recaudó el fisco para liquidar el impuesto.

En la gran reforma del incometax implantada en Estados Unidos en 1981, el presidente Reagan, antes de firmar el decreto de promulgación, exigió que le trajeran el formulario de liquidación que habrían de confeccionar en lo sucesivo 133 millones de contribuyentes. Lo encontró demasiado complicado y se negó a firmar el decreto hasta que le trajeron un nuevo formulario que pudo llenar sin dificultad. Esta actitud del gobernante, es la que posibilita que gran parte de los contribuyentes puedan liquidar directamente sus impuestos, sin recurrir a los servicios de un especialista. Además, esta simplicidad facilita el control y es el mejor antídoto contra la elusión de impuestos, que siempre se facilita en los repliegues de la complejidad artificial de las normas impositivas.

Otro elevado costo de transacción es el alta formal de un empleado, con lo cual se crean trabas artificiales para quienes desean regularizar su incorporación.

La creación de la UCE irá desplazando gradualmente el uso del dólar como reserva de valor y unidad de cuenta. Esto supone eliminar el costo actual de compraventa de divisas para las transacciones domésticas.

La experiencia chilena demuestra que la UCE puede, al igual que la UF reducir drásticamente el spread bancario. Entre 1985 y 2010 el spread en el sistema bancario chileno arroja un promedio de 2,52% anual para créditos bancarios en UFs, que es uno de los más bajos del mundo. Este efecto notable se logra por la eliminación del riesgo de fluctuaciones de la moneda. Nuestro país, en cambio, con una moneda volátil e impredecible registra actualmente spreads del 40% anual en los préstamos personales. Cabe formular la siguiente pregunta: ¿Por qué los empresarios no cuestionan estos altos costos bancarios? La respuesta es simple. Como el crédito bancario es prácticamente inexistente porque todo el escaso crédito disponible es absorbido por el Gobierno para el gasto corriente, no tendría mucho sentido pelearse por el costo de un servicio que de todos modos no existe.

La UCE es fácil de usar. Tiene todas las ventajas del nominalismo sin ninguno de sus inconvenientes. Basta poner tres letras (UCE) para identificarla y con ello se logra la ansiada estabilidad de las prestaciones. A diferencia de la indexación, no requiere cláusulas ni cálculos complejos en los contratos para determinar el monto del pago indexado. Esta es otra decisiva reducción de los costos de transacción.

La diferencia entre una unidad de cuenta indexada y un simple procedimiento de indexación es fundamental. Se vincula al modo en que la gente utiliza la moneda, o como diríamos la monedidad (moneyness) de la unidad de cuenta. Schiller, Robert J., Nobel de Economía 2012, Inflation and Monetary Policy, published by Fernando Lefort and Klaus Schmidt-Hebbel, Central Bank of Chile,

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La verdadera solución: el blanqueo integral de la economía por medio de la Bancarización Universal Inducida

La verdadera solución del problema, tanto de la recaudación fiscal como del sistema previsional, pasa por el blanqueo del trabajo en negro, única forma de que el sistema de reparto pueda generar los recursos para atender las pasividades. Para ello el camino es la bancarización inducida que llevará en forma paulatina a un blanqueo total de la actividad económica y, desde luego, laboral.

Con excepción del impuesto al cheque, que debería ser eliminado de un plumazo, la reducción de los restantes impuestos deberá hacerse en forma gradual, a medida que la recaudación mejore por la concurrencia de los siguientes factores:

  1. El blanqueo de la economía. La bancarización inducida es el pilar fundamental del blanqueo de la economía.

  2. El crecimiento de la economía en los primeros cuatro años de aplicación del plan de desarrollo, que se estima en el 10,1% anual.

  3. La reducción de los subsidios a medida que se logra el pleno empleo productivo.

  4. La refinanciación de la deuda pública con bonos indexados en UCEs, tal como se hizo en Chile y Uruguay.

  5. El decrecimiento espontáneo de la burocracia por la aparición de fuentes de trabajo mejor retribuidas en el sector productivo de la economía.

  6. La mejora de la competitividad de la economía por la disminución de los costos de transacción.

  7. La reducción de los costos logísticos del transporte terrestre por la mejora de la infraestructura –red de autopistas y caminos rurales de tránsito permanente- y la incorporación de los modernos bitrenes. Todo ello permite una reducción de los fletes estimada en el 34 por ciento.

  8. La ampliación de la frontera agrícola y minera por la mayor accesibilidad al territorio en base a las nuevas vías de transporte terrestre y aéreo.